El Gobierno nacional reaccionó con firmeza ante el revés judicial conocido en las últimas horas. La administración central confirmó este lunes que apelará el fallo que ordenó dejar sin efecto la aplicación del protocolo antipiquetes en todo el territorio federal. Las autoridades consideraron que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 respondió a una intencionalidad política y no a fundamentos jurídicos sólidos. El Ejecutivo ratificó la vigencia de la herramienta y aseguró que no dará ni un paso atrás en su implementación.
La respuesta oficial
Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que la presentación se realizará en los próximos días ante la Cámara Nacional de Apelaciones. El argumento central del Gobierno se basó en el respaldo social que tiene la normativa. Los funcionarios sostuvieron que el 70% de la ciudadanía apoya los controles para garantizar la libre circulación. El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, emitió un comunicado contundente. La cartera advirtió que la suspensión de la medida implicaría el regreso inmediato del caos y el desorden a la vía pública.
Los argumentos del juez
La polémica se desató luego de que el juez Martín Cormick hiciera lugar a un recurso de amparo presentado por el CELS. El magistrado entendió que el procedimiento presentaba vicios graves en su conformación original. Según su fallo, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva exclusivamente al Congreso. Cormick señaló que la resolución avanzó indebidamente sobre materias penales y procesales que exceden la competencia ministerial.
Defensa política
La reacción del oficialismo fue corporativa y veloz. El presidente Javier Milei replicó los mensajes de sus funcionarios en redes sociales para mostrar unidad. Por su parte, Patricia Bullrich apuntó directamente contra la figura del juez. La actual diputada recordó que el protocolo antipiquetes ya había sido validado por otros tribunales en reiteradas ocasiones.
Los referentes libertarios acusaron a los sectores opositores de intentar desestabilizar la gestión mediante artilugios legales. Monteoliva insistió en que el reglamento cuenta con todos los fundamentos técnicos y operativos necesarios. La funcionaria aseguró que defenderán la norma a toda costa porque devolvió la tranquilidad a los argentinos que eligen trabajar y circular en libertad.
