A menos de dos semanas de los atroces crímenes de Abigail Riquel y Abigail Luna, tenemos que constatar una vez más la ausencia de la Justicia y la indiferencia del Estado ante el femicidio de Paola Estefanía Tacacho, asesinada a puñaladas en la calle por Mauricio Paradas Parejas, quien después se suicidó. A esta tragedia se agrega la impunidad de una familia que encubrió al agresor y acusada por la familia de la victima de hacer uso de sus privilegios e influencias en las altas esferas de poder.
Mientras tanto, el Ejecutivo y el Poder Judicial simulan una normalidad en la vida política donde gobiernan junto a las fuerzas de seguridad, como si nada ocurriera en la provincia. El gobernador apenas deslizó unas palabras cuando los vecinos lincharon hasta asesinar a Guaymás. Ninguna autoridad dio explicaciones ante la ineficacia de la Policía que se negó a tomar la denuncia por la desaparición de Abigail Riquel y salir en su búsqueda alegando “falta de recursos”. Una policía que se mostró incompetente en la búsqueda del acusado y un ministro de seguridad que nunca dijo nada. Maley se llamó a silencio mientras los rumores de los pasillos de Casa de Gobierno cuentan que el hecho superó las distancias políticas y reunió a Jaldo y Manzur a puertas cerradas.

Menos de una semana después, la policía desplegó su poder de organización de manera obscena, haciendo gala de todos los recursos a disposición para desalojar a las familias que habían tomados las tierras donde habían hallado asesinada a Abigail. El caso de Abigail Luna, en cambio, nunca fue “espectaculizado” por los medios. Se trataba de un crimen más dentro del ámbito doméstico donde madre e hija convivían con su agresor.

Dos semanas después, la crónica de acoso y violencia que Paola padeció durante cinco años terminó con un final lamentablemente anunciado y nunca escuchado por la Justicia. Trece causas penales había iniciado Paola desde 2015. Recién en 2018 se registra un intento de la Justicia de acumular dos de las trece causas pero que finalmente fueron mandadas a archivar por ‘falta de espacio en la oficina’ y por tratarse de un ‘hecho de vieja data’. Parece que los femicidios y las violencias que sufrimos las mujeres ocupan demasiado espacio, demasiados recursos para una Justicia ineficaz y desinteresada.


En esos cinco años el femicida Parada Parejas había violado sistemáticamente la medida perimetral, siendo detenido una vez y sobreseído por el Juez Pisa por ‘invalidación de testimonios y para no dilapidar recursos’. El mismo juez que lleva adelante el juicio Leiva- Pedicone, mediático caso que pone en jaque la credibilidad de los encargados de impartir justicia.

Cuando el colectivo feminista, las organizaciones, los movimientos, las mujeres denunciamos que el Estado nos está matando, decimos esto: “todas somos potencialmente Paola”. Ninguna está exenta del acoso, de la violencia ni de ser asesinada.
El Gobierno y la Justicia ejercen una violencia expresiva sobre nosotras que se instrumentaliza sobre nuestros cuerpos cada vez que deciden no actuar. Cada vez que eligen la invisibilización, el silencio y la desprotección. Esta “normalidad” instalada en nuestras sociedades mantienen inalterable nuestra condición y reproducen, a la vez que producen, el patriarcado que tanto denunciamos en las marchas.
Eso es el patriarcado: la concentración de poder –político y económico- y sus altos niveles de privilegio y protección que se dan en nombre de la gobernanza y que posibilitan la complicidad y los pactos de silencio entre instituciones obedientes al mandato masculino.
Impunidad. Crimen. Inercia de la Justicia. Sobre nosotras se ejerce un “poder de muerte” sentenciado desde la Casa de Gobierno y los Tribunales.
Belén Barcala Cáceres
TUKUMANA – MUJERES ORGANIZADAS
Bel_barcala@hotmail.com



