La Justicia procesó a una mujer de 39 años acusada de usurpar el título y la matrícula de una abogada homónima. Durante más de dos años, se hizo pasar por profesional del derecho, engañó a sus clientes y cobró honorarios por trámites inexistentes. El juez Sebastián Norniella Parache le dictó 30 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El caso lo investiga la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia. Según la pesquisa, desde 2021 la imputada utilizó la matrícula de una letrada con su mismo nombre para captar clientes y simular gestiones judiciales. Para no dañar la imagen de la verdadera abogada, la Justicia mantiene en reserva la identidad completa de la acusada, identificada como S.G.G.
Las denuncias describen un modus operandi repetido. En 2021, una víctima contrató a la mujer para iniciar una sucesión y un juicio por alimentos. Durante dos años le aseguró que los trámites avanzaban, pero en 2023 la víctima descubrió que nunca existieron. En otro caso, prometió a una trabajadora despedida que su indemnización estaba lista para cobrar, aunque los expedientes jamás habían sido iniciados. El último hecho ocurrió en enero de 2024, cuando otra damnificada descubrió que su reclamo ante un seguro automotor tampoco existía.
La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás explicó que la imputada presentaba escritos, cédulas y decretos falsificados, incluso con firmas de funcionarios que ya no ejercían el cargo. También inventaba fechas de audiencias para convencer a las víctimas de que las causas estaban en marcha.
El Colegio de Abogados de Tucumán informó que la mujer no figura en sus registros. La UNT confirmó que existe una libreta universitaria a su nombre, aunque no completó estudios.
La acusada enfrenta cargos por estafa, falsificación de instrumentos públicos y usurpación de títulos y honores. Para la fiscalía, el daño causado a las víctimas es grave, ya que varios reclamos judiciales corren riesgo de prescribir.
La verdadera abogada damnificada relató que sufrió un fuerte perjuicio personal: “Generó una desconfianza en mi imagen. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico y tuve que solicitar la adhesión de mi apellido materno”. Por su parte, Martín Lucio Terán, vicepresidente del Colegio de Abogados, señaló: “Esto no sólo dañó a las víctimas, sino también a la institución y a toda la profesión”.
