El Gobierno solicitó a la Justicia de Estados Unidos que frene la entrega del 51% de las acciones de YPF, como parte del juicio por la expropiación de la petrolera estatal. El argumento central es que cumplir con esa sentencia, antes de que se resuelva la apelación, causaría un “daño irreparable” al país.
En el escrito, presentado ante la jueza Loretta Preska, el Ejecutivo explicó que los activos involucrados son estratégicos y que, si los demandantes —los fondos Burford Capital y Eton Park— toman control y venden ese paquete accionario, el perjuicio sería irreversible, incluso si Argentina logra revertir el fallo en segunda instancia. El reclamo judicial, iniciado por la forma en que se estatizó YPF en 2012, exige una indemnización superior a los US$16.000 millones.
El Gobierno también pidió una suspensión provisoria mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York analiza el recurso presentado en enero de 2024. “Esto no es un juicio comercial más, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su legislación interna”, indicaron los abogados. Y recordaron que la Ley 26.741 impide ceder el control de YPF sin autorización del Congreso.
La Casa Rosada no ofreció garantías financieras para frenar la ejecución del fallo, pero reafirmó que no cederá el control de la empresa. Aseguran que las acciones están registradas en Buenos Aires y que cualquier transferencia forzada choca con la legislación argentina vigente.
Además, se apunta a cuestionar el cálculo económico del fallo, ya que la fecha y el tipo de cambio usados para valorar las acciones podrían modificar el monto final del resarcimiento. Las negociaciones extrajudiciales están descartadas por ahora, y se espera que la audiencia clave ante la Cámara se realice en septiembre.
