Este jueves a las 20 se realizará una cacerolazo nacional en rechazo de que los presos reciban el beneficio de las prisiones domiciliarias bajo la excusa del coronavirus. El cacerolazo fue convocado por redes sociales.
En las últimas horas, la adhesión al cacerolazo contra las excarcelaciones creció en Facebook, Twitter y Whatsapp y sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos oficialistas y opositores. Ayer, el descontento se adelantó a la convocatoria original y se pudieron escuchar cacerolazos en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El malestar quedó reflejado en la plataforma change.org, donde se disparó una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos. En poco más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas, lo que la ubica en una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
Distintas organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.
El repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos, como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad. ““Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández intentó desmarcarse de las decisiones judiciales, pero indicó que las cárceles es “un ámbito propicio para la expansión” del contagio de COVID-19. “En el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo”, comentó, y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”. Y afirmó que esa atribución, en el país, depende de los tribunales.
“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, sostuvo el mandatario. Y atribuyó a una “malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), se dirigieron al presidente de la Nación: “esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”.
FUENTE: Infobae