A partir de la reforma universitaria de 1918, se incorpora como función sustantiva la extensión en las universidades Argentinas y Latinoamericanas. De forma que, si una institución quiere ser considerada universidad, debe expresar en su proyecto institucional a las funciones académica, de investigación y también, la extensión universitaria. Esta perspectiva, es de alguna manera recuperada por discursos universitarios y políticos, en su mayor variedad ideológica. Fruto de eso es que no hay universidad -pública o privada- que no desarrolle alguna acción de extensión que la relacione con la sociedad y sus problemas. Pese a eso, la extensión nunca tuvo reconocimiento expreso en el presupuesto universitario nacional, lo que trajo limitaciones a las instituciones nacionales, en el sostenimiento de su relación con la sociedad y cumplir con sus responsabilidades. Tener una estrategia, implica establecer prioridades, ciertamente planificar la extensión al igual que la investigación, es difícil cuando las universidades destinan casi el 90% de su presupuesto a salarios. Eso ha generado que, en muchas ocasiones e instituciones, la extensión, pese a su reconocimiento político y discursivo, quede relegada a un segundo plano. Siendo entonces la extensión, sostenida desde el presupuesto previsto para las otras funciones, o bien, con escasos recursos propios. Lo que provoca limitaciones institucionales por falta de fondos, o la necesidad de participar de convocatorias que limitan u orientan la autonomía financiando alguna cuestión determinada, definida por otra institución. Autonomía universitaria sin recursos, es mero relato. Porque si el proyecto definido por la comunidad educativa es imposible de llevar adelante, esa garantía de autodefinición termina siendo una ilusión. Aun así, las universidades han asumido, como pudieron, acciones de extensión que llenan de orgullo y que, en este tiempo tan especial, cobraron relevancia por su impacto social. Muchos años de debate le llevó al sistema universitario público ponerse de acuerdo, hasta que, por fin, en último Plenario de Rectoras y Rectores del CIN se aprobó la incorporación de una partida de recursos específica para la extensión en el proyecto de Presupuesto Universitario. Esto hizo que el Poder Ejecutivo, incorporara en el proyecto remitido al Congreso un ítem de 500 millones destinados a extensión universitaria, lo que es en sí un avance. Resulta importante que estos y los demás fondos sean distribuidos de modo equitativo, siguiendo las pautas presupuestarias, que garanticen equilibrios y equidades entre las instituciones, ya que la variedad de los contenidos que aplicamos a la idea de extensión, que van desde capacitaciones, trabajos de campo, voluntariados, prácticas situadas, hasta desarrollos culturales y artísticos muy variados, etc. así lo requieren. Ahora, hay que trabajar en los pendientes de la agenda de la extensión universitaria, por ejemplo, la falta de su integración junto a las otras funciones sustantivas en el curriculum o el escaso reconocimiento de las actividades propias de los extensionistas, hasta ahora siempre asimilados a funciones docentes o al personal nodocente. Pensemos en miembros de una orquesta estable o un ballet que perciben sus salarios asimilando sus realidades a categorías completamente ajenas. El gesto del Consejo Interuniversitario Nacional y su incorporación en el presupuesto nos acerca al modelo de universidad argentina que durante tanto tiempo se proclamó. Este punto de partida, permite pensar la Extensión Universitaria como un medio para aportar a las mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades, potenciar enseñanzas y aprendizajes y hacer de las universidades un espacio más comprometido, más humano.
Paulo Falcón
*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
*Abogado. Especialista en Ciencia Política y en Docencia Universitaria.
Fuente Página 12
