Los poderes Ejecutivo y Legislativo se complementaron para impedir el enjuiciamiento del juez
Los poderes Ejecutivo y Legislativo manejaron los tiempos para que uno de los jueces más polémicos de la historia reciente del Poder Judicial pueda retirarse jubilado con un haber excepcional superior a los $ 300.000 mensuales. Juan Francisco Pisa consiguió así la misma salida que antes habían logrado dos ex fiscales acorralados por los cuestionamientos: Carlos Albaca y Guillermo Herrera. El gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse firmaron el “ticket” ayer, horas antes de que venciera el plazo de 20 días hábiles otorgados a la comisión legislativa de Juicio Político que domina el oficialismo para resolver si acusaba o no a Pisa por su desempeño en una de las 14 denuncias que presentó la víctima Paola Tacacho. Por la tarde, los legisladores encabezados por el justicialista Sergio Mansilla dejaron en suspenso la decisión sobre el enjuiciamiento con la disidencia del alfarista Raúl Pellegrini, quien propuso avanzar fundado en la obligación de aplicar la perspectiva de género.
Manzur, quien no había adelantado una posición respecto de la dimisión condicionada que Pisa había presentado el 15 de octubre, deliberó durante 132 días. En paralelo, Juicio Político estiró todo lo posible una definición. El 17 de febrero, la comisión en la que 10 de sus 12 miembros responden al Gobierno se reunió, pero no trató el caso “Pisa”, pese a que estaba habilitada para hacerlo, y a la presión de los familiares de la víctima para que el juez sea enjuiciado y destituido, como sucedió con Enrique Pedicone -fue expulsado de la Justicia justamente aquel miércoles por “la violación sistemática de los derechos de las víctimas de delitos”, y “la actuación sin competencia” en las causas “Bravo” y de los billares-. Mariela Tacacho, madre de la joven asesinada por Mauricio Parada Parejas, opinó que Manzur “cumplió su parte en el pacto de impunidad” con Pisa y bajo la lluvia reclamó justicia en la Casa de Gobierno.
La aceptación de la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil activa la cláusula 30 de la Ley 8.734, que hace caer los pedidos de expulsión. Esta norma obliga a suspender el análisis de las denuncias de mal desempeño por 60 días siempre y cuando el Gobierno acepte la dimisión antes de que la comisión formule la acusación, que es la situación en la que estaba Pisa. Si este no lograra jubilarse en aquel término, el procedimiento debería ser reanudado. Pero como el juez ya tiene acordado el beneficio, según lo que Manzur y Vargas Aignasse informaron en el Decreto 369/14, es posible que su pase al sector pasivo se concrete en el cortísimo plazo. Mientras tanto, Pisa seguirá desempeñándose como juez de Instrucción en lo Penal Nº1 del régimen de conclusión de causas del antiguo sistema, donde, entre otros expedientes sensibles, controla la denuncia que Pedicone interpuso contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema.
Pisa obtuvo su nombramiento como juez de Instrucción en el período en el que el ex gobernador José Alperovich disfrutó de discrecionalidad absoluta para cubrir las vacantes.
Fuente: La Gaceta
