Tras el contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, el Gobierno argentino ha tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad en puntos críticos del país. La decisión, anunciada luego de conocerse que los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994 fueron perpetrados por la República Islámica de Irán y la organización terrorista Hezbollah, ha generado un aumento en la vigilancia en aeropuertos, instituciones religiosas y culturales relacionadas con la comunidad judía, así como en sedes diplomáticas.
A pesar de no existir amenazas específicas, el Ministerio de Seguridad ha justificado estas medidas como parte del protocolo de seguridad. Una alta fuente del ministerio confirmó que la decisión se tomó esta mañana, subrayando la importancia de prevenir posibles ataques terroristas. La ministra Patricia Bullrich se reunió con su secretario Vicente Ventura Barreiro para evaluar la situación y coordinar las acciones a seguir.
Entre los puntos de interés que recibirán especial atención se encuentran las embajadas de Estados Unidos e Israel, consideradas como posibles blancos de futuros ataques. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ha catalogado los atentados como crímenes de lesa humanidad, lo que abre la puerta a posibles acciones legales contra el gobierno iraní.
Con la conmemoración próxima de los 30 años del atentado a la AMIA, el Gobierno argentino se muestra firme en su compromiso de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de las comunidades internacionales presentes en el país. La intensificación de las medidas de seguridad refleja la determinación del Estado argentino de prevenir y enfrentar cualquier amenaza terrorista que ponga en riesgo la paz y la estabilidad nacional.
La sentencia contra el Estado Islámico de Irán que se conoció este jueves por la noche fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma.
