Antes de que se caiga la sesión y el proyecto vuelva a comisiones en un verdadero revés para el Gobierno, la Cámara de Diputados había aprobado los artículos de Ley Ómnibus que establecían la declaración de emergencia en las materias económica, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad que se extenderá por el plazo por un año y otorgaban facultades delegadas al Gobierno Nacional, en base al artículo 76 de la Constitución.
El oficialismo contó con 134 votos para aprobar los artículos 1 y 3 que declaran la emergencia económica, como el que fijaba que se extendía hasta el 31 de diciembre del 2024, y con 132 votos el artículo 4 sobre los alcances de las facultades delegadas, con excepción de los incisos referidos a Fondos Fiduciarios, Hidrocarburos, tarifas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.
El oficialismo contó con 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.
Los votos en contra fueron 97 de Unión por la Patria (UxP), 4 de la UCR, 5 de Hacemos Coalición Federal, 6 de la Coalición Cívica, 2 de Por Santa Cruz y 5 de del FIT (izquierda).
El primer artículo que había sido aprobado establece que la iniciativa “tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”.
En tanto, el artículo 3 fija que la emergencia se extenderá hasta el 31 de diciembre y establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un año.
En tanto, el plenario legislativo aprobó por 132 a 122 las delegaciones de las facultades y los incisos A al G que se refieren a promover un sistema económico “basado en decisiones libres”, establecer a una amplia desregulación del comercio, servicios e industria, y promover medidas para eliminar las restricciones a la competencia y la creación de empleo.
También permite reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.
Esas facultades le permiten ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública “profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, sujeta al control cívico, electrónica, eficiente y eficaz, que garantice, mediante la regla de la licitación o concurso público, la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio de adjudicación de valor por dinero”.
fuente: Minuto Uno.
