Una estremecedora denuncia de abuso en Gendarmería sacude a la fuerza nacional. El caso, uno de los expedientes más graves de los últimos años, ingresó al Juzgado Federal N° 2 de San Juan. El denunciante, René Ariel Bordón, odontólogo y oficial, acusó a dos altos mandos de someterlo durante años a abusos sexuales sistemáticos, coacción y tortura psicológica.
“Fue tortura”: el relato de la víctima
La denuncia apunta al comandante principal Darío Fabián Barco y al segundo comandante Gustavo Manuel Aranda. Bordón relató que su “calvario” comenzó cuando Barco asumió como jefe del Centro de Formación en Barreal. “Fui víctima de actos sexuales no consentidos de alto nivel de degradación”, afirmó la víctima, quien resumió: “Nunca hubo consentimiento. Fue abuso sexual sistemático. Fue tortura”. El documento detalla que Aranda usaba su arma reglamentaria para intimidarlo.
Presunto encubrimiento institucional
La denuncia de abuso en Gendarmería también describe un presunto aparato de encubrimiento. Bordón aseguró que la psicóloga de la fuerza, Graciela Parodi Camuñas (también imputada), lo deslegitimó. La profesional le habría dicho que tenía “fantasías sexuales” con sus jefes. Afirmó que Gendarmería lo obligó a abandonar su terapia original, fabricó informes falsos y finalmente lo declaró “inútil para todo tipo de servicio” con un diagnóstico presuntamente falso.
Uno de los elementos más graves es la intervención fallida del Ministerio de Seguridad. Bordón y otros se comunicaron anónimamente con el ministerio (que conduce Patricia Bullrich) para pedir ayuda. La respuesta fue un correo institucional intimidatorio, advirtiendo que serían sancionados si volvían a contactarse.
La intervención judicial
El caso es explosivo porque los tres imputados siguen en funciones. El juez federal Federico Millán Ursino admitió a Bordón como querellante. El magistrado ordenó investigar los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, coacción y encubrimiento. Además, el juez dictó la prohibición de salida del país para los tres imputados. También dispuso un perímetro de exclusión de 500 metros, un botón antipánico para la víctima y el apartamiento inmediato de Aranda de su cargo.
