El Gobierno obtuvo una medida cautelar para detener la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. La resolución fue dictada por un juez federal, luego de una presentación firmada por la funcionaria. La orden exige cesar la publicación de grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. La medida también alcanza a redes sociales, medios escritos y audiovisuales.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal. En ella solicitó que se investigue un posible espionaje ilegal vinculado a los audios. También pidió allanar el canal de streaming Carnaval, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Incluyeron al dirigente Pablo Toviggino y al abogado Franco Bindi entre los señalados por difundir el material.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. El Gobierno sostiene que las grabaciones buscaron desestabilizar al Ejecutivo durante la campaña.
El texto oficial advierte que estas acciones violan la privacidad de funcionarios y representan una amenaza política. También sostiene que naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión bajo el disfraz de periodismo.
Expertos en derecho constitucional cuestionaron la decisión del juez. Argumentan que se trata de un caso de censura previa. Aseguran que la medida vulnera la libertad de expresión, ya que impide el acceso a información de interés público. Andrés Gil Domínguez explicó que una cautelar sin plazo ni destinatario fijo restringe de forma inconstitucional el ejercicio del periodismo.
