Los casos de corrupción dentro de Gendarmería Nacional se multiplicaron en el NOA, poniendo en jaque la credibilidad de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico. El episodio más reciente estalló el lunes en Tartagal (Salta), cuando la fiscal federal Lucía Orsetti ordenó allanar el destacamento local de la fuerza y el domicilio particular de su jefe. La pesquisa se vinculó a un secuestro de 160 kilos de cocaína.
La investigación de Tartagal comenzó en mayo, tras el secuestro de la cocaína valuada en 560.000 dólares. Dos efectivos ya habían sido detenidos en junio. Ahora, las sospechas alcanzaron al jefe del destacamento. Trascendió que un ex gendarme detenido por narcotráfico habría implicado a sus antiguos compañeros de Tartagal como proveedores de estupefacientes incautados que “nunca se reportaban”.
Este es uno de cinco casos de corrupción contra la fuerza en la región en menos de dos años. Se sumó a otra compleja investigación del fiscal Agustín Chit, quien procesó a gendarmes y organizadores de tours de compras por coimas para dejar pasar contrabando y drogas entre Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
Estos hechos encendieron las alarmas en Tucumán. Datos oficiales de 2024 mostraron que, mientras el contrabando bajó en Salta y Jujuy, en Tucumán aumentó un 70%. Peor aún, el transporte de estupefacientes en Tucumán registró un crecimiento del 1.997%. El jurista Javier Lobo Aragón (h.) fue categórico: “Mientras los propios encargados de controlar las fronteras estén al margen de la ley, jamás se podrá llegar al fondo del narcotráfico“.
