Una sentencia se interpuso en la carrera política de Agustín Ruiz. La Sala II de la Cámara Penal de esta ciudad consideró probado que el funcionario había exigido el 60% del sueldo de $ 8.000 a cuatro de sus colaboradores en marzo de 2016 y lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por la comisión del delito de exacciones ilegales agravadas. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cuatro años.
Los camaristas Gustavo Romagnoli (presidente), Eduardo Romero Lascano y Luis Morales Lezica emitieron el veredicto el martes a las 21. El fallo, que no está firme, podría frustrar la pretensión del acusado de jurar como concejal aliado a Carlos Najar (PJ), intendente de Las Talitas.
Aunque los fundamentos serán entregados el 12 de noviembre a las 12, la decisión expuso la intención de circunscribir el caso a Ruiz, que hasta ayer seguía siendo director de Empleo e Intermediación Laboral de la gestión de Najar -el imputado pidió licencia sin goce de sueldo en septiembre, cuando comenzó el juicio oral-.
El tribunal rechazó los pedidos de investigación contra el jefe municipal reelecto y su secretario de Gobierno, Víctor Safe. Además, descartó la posibilidad de ordenar la apertura de una causa penal contra las autoridades de la Junta Electoral Provincial: Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; Edmundo Jiménez, ministro público fiscal; Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, y el secretario Darío Almaraz.
El abogado querellante Gustavo Morales había formulado las solicitudes rechazadas. Según el letrado, la Junta debía ser investigada por el hecho de que Ruiz se postuló y ganó los comicios del 9 de junio pese a que no pudo explicar cómo había conseguido el certificado de buena conducta requerido por el organismo electoral.
Como contrapartida, los jueces hicieron lugar a la petición de investigación por supuesto falso testimonio de María Pastora Cholffi, colaboradora de Ruiz y su única testigo favorable. Esta solicitud provino de Morales y del fiscal Daniel Marranzino. La resolución implica el inicio de un proceso penal separado para la empleada municipal que sostuvo que ella, y sus ex compañeros Dora Beatriz Cura, Víctor Heredia y Gabriel Sleiman habían pactado voluntariamente la entrega de parte de sus salarios para hacer ayuda social.
“En los 1.000 o 2.000 juicios en los que actué nunca vi una testigo tan reticente. Contrarió todas las versiones y las restantes pruebas, incluido el audio (que registra parte de la conversación donde Ruiz exigió el dinero) en el que hay una voz parecida a la de ella. Por supuesto, es la única que siguió trabajando. Quiero atender su situación de necesidad y su adhesión incondicional al imputado, pero es mi obligación solicitar su investigación”, evaluó Marranzino.
Respecto del acusado, el tribunal se atuvo a la sanción que había solicitado el fiscal -Morales quería una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua-. A los fines de la ejecución condicional de la condena, la Sala II impuso al acusado las siguientes reglas de conducta: 1) fijar y mantener el mismo domicilio; 2) permanecer a disposición del Juzgado de Ejecución de Sentencias; 3) no ausentarse de la provincia sin autorización judicial escrita; 4) abstenerse de consumir en forma abusiva bebidas alcohólicas y estupefacientes, y 5) realizar trabajos comunitarios no remunerados a favor de la Sala Cuna durante un mínimo de 10 horas semanales por el plazo de la condena condicional (tres años).
En forma accesoria, el tribunal prohibió a Ruiz acercarse a Cura, Heredia, Sleiman y a la testigo Celia Maza, y a sus grupos familiares. El imputado ha de mantenerse a 200 metros de distancia. La restricción de contacto incluye a las interacciones en las redes sociales.
El imputado se mantuvo imperturbable durante la audiencia. Casi sin mover los labios, rechazó la oferta de pronunciar unas palabras finales. Su futuro depende del Concejo de Las Talitas y del intendente Najar. Si la condena surte efectos inmediatos, la banca de Ruiz será ocupada por el subdirector de Educación, Alfredo Albertus.
Fuente: La Gaceta
