El Colegio de Abogados de Tucumán expresa su inmensa preocupación ante los hechos de conocimiento público ocurridos en la Provincia de Tucumán en los últimos días, a través de los cuales ha quedado expuesto de modo inequívoco el desamparo en que se encuentra la ciudadanía toda frente a los flagelos de la inseguridad y de la delincuencia, así como la evidente falta de confianza de la sociedad en las instituciones del Estado.
El brutal abuso y asesinato de una niña de apenas nueve años de edad, ocurrido a pocas cuadras de la Casa de Gobierno y del Palacio de Justicia y sus dependencias, a plena luz del día- desnuda no solamente la ausencia de un Estado que no brinda la adecuada protección a los ciudadanos -y en especial a los más vulnerables- para que desarrollen sus vidas en el marco de indispensable tranquilidad y seguridad que les garantizan la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones suscriptos por nuestro país, sino que pone en evidencia el avance hasta límites insoportables del flagelo de la drogadicción, al que las autoridades responsables no logran combatir de modo eficiente.
Entendemos que no se trata de un caso aislado, único, ni imprevisible, sino muy por el contrario, uno más de los intolerablemente numerosos hechos delictivos y de violencia que vienen castigando a nuestra comunidad, cada vez con más frecuencia.
A ello se agrega el posterior -e igualmente brutal- homicidio del sospechado agresor de la niña, golpeado hasta la muerte por vecinos que decidieron hacer justicia por mano propia, ante la absoluta pasividad de las fuerzas de seguridad, que estaban largamente avisadas de la posibilidad cierta del fatal desenlace.
La ineficiencia del accionar policial se ve reflejada no sólo en el inaceptable linchamiento del supuesto homicida, sino también en el hecho de que hayan sido los propios familiares de la niña quienes encontraron su cuerpo, y no los responsables de hacerlo, en los ataques y quema de viviendas de terceros señalados como cómplices o encubridores, en la absoluta falta de prevención de estos sucesos, y en el hecho final de que fueron nuevamente los vecinos y no las fuerzas del orden, quienes lograron encontrar al prófugo.
El castigo por mano propia resulta absolutamente injustificable e intolerable en un Estado de Derecho. Este Colegio sostiene la imperiosa necesidad de defender irreductiblemente la plena vigencia de las instituciones y del debido proceso legal, de la defensa en juicio y del principio de inocencia, pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional.
Pero, entendemos, no se trata solamente de repudiar los hechos de violencia y la justicia por mano propia, sino que resulta indispensable realizar el análisis de las causas que generan los sucesos, como único modo de evitar que los mismos se repitan.
La ausencia del Estado que se denuncia se evidencia no solamente en los déficits de seguridad y prevención del delito y la drogadicción ya referidos, sino también en el indisimulable estado de pobreza, marginalidad y falta de educación en que se encuentra inmerso un enorme sector de nuestra población.
Ha quedado expuesto con crudeza que la sociedad no confía en las instituciones, no confía en las fuerzas de seguridad ni en sus responsables políticos, no confía en el Poder Judicial como administrador de justicia, ni confía en la tarea de quienes tienen la función de brindar el marco normativo para su accionar.
Entendemos que es imperativo y absolutamente urgente revertir esta situación.
El Colegio de Abogados de Tucumán exhorta a los hombres y mujeres que hoy ocupan los tres Poderes del Estado Provincial a que extremen sus esfuerzos a fin de implementar de inmediato todas las acciones necesarias para asegurar a la ciudadanía el pleno goce de los derechos humanos -esenciales e irrenunciables- que a todos les garantiza la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con rango constitucional, así como para restituir la necesaria confianza de la sociedad en las instituciones de la República y en las personas que tienen la enorme responsabilidad de conducir los destinos de nuestra Provincia.
En el convencimiento de que la gravísima crisis que se expone demanda el involucramiento de la sociedad toda, nuestra entidad se pone a total disposición de las autoridades provinciales a fin de trabajar conjuntamente con ellas y con representantes de otras entidades intermedias y de factores relevantes de la sociedad tucumana, para encontrar los caminos que nos conduzcan a alcanzar el objetivo común de asegurar el bienestar de todos nuestros conciudadanos.
San Miguel de Tucumán, 23 de Octubre de 2020
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMAN
Fuente Prensa Colegio de Abogados de Tucumán
