El Tribunal Oral Federal 2 intimó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar $684.000 millones en concepto de decomiso. El monto corresponde al daño comprobado al Estado por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu otorgaron 10 días hábiles para cumplir con la orden. El plazo vencerá el 13 de agosto a las 9.30, ya que la feria judicial no cuenta como período hábil. La justicia abrió una cuenta especial en el Banco Nación. Si no se realiza el pago, se rematarán los bienes registrados a nombre de los condenados.
La suma establecida es solidaria, por lo que los acusados deben acordar internamente cómo distribuir el pago. Según el cambio oficial, equivale a 537 millones de dólares. Se espera que alguna defensa apele la decisión en los próximos días.
Entre los bienes relevados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, figuran cajas de seguridad con millones de dólares, propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires, y empresas como Los Sauces, dueña del departamento donde Cristina cumple prisión domiciliaria.
El tribunal sostuvo que el decomiso responde a la determinación concreta del daño al erario público y al beneficio obtenido por corrupción. La cifra fue actualizada a partir del cálculo original de $85.000 millones fijado en 2022, ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
El perito de Cristina propuso un monto alternativo de $42.000 millones, aplicando una metodología distinta. Sin embargo, los jueces validaron el trabajo de los peritos oficiales y rechazaron el cálculo de la defensa. Consideraron que se usó un criterio técnico ajeno a los valores base del expediente.
