Lucía se presentó en un Centro de Atención Primaria el 29 de enero de 2019, en la semana 19 de gestación. Dijo que tenía “dolor de tripas“. Se constató el embarazo. La nena no sabía. Se dispuso su traslado al Hospital Eva Perón. La dejaron internada con riesgo provocado por la gestación. La madre siempre acompañó a su hija, que varias veces repitió que quería terminar con el embarazo: quería “que se lo saquen“.
Al enterarse de la situación, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) presentaron un amicus curiae en la Justicia.
Desde el hospital no les permitían tomar contacto con la nena ni la mamá. Pero la tía se contactó por Facebook con el grupo Ni Una Menos en Tucumán y pudieron intervenir. Entonces la nena y la mamá pudieron poner por escrito el deseo de terminar con el embarazo.
Finalmente, la nena fue sometida a una microcesárea en medio de la noche, un mes después de su pedido de interrupción del embarazo. Quienes se hicieron cargo de la intervención fueron dos médicos privados que tuvieron que trabajar solos porque ningún profesional del hospital público Eva Perón quiso actuar.
El Ministerio Público decidió abrir una investigación penal por homicidio tras la interrupción legal del embarazo de la niña de 11 años. Aunque al final el caso no avanzó, la justicia aún no lo cerró.
La práctica de ambos profesionales (Cecilia Ousset y José Gijena) se enmarcó en las disposiciones sobre aborto no punible, según la interpretación establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la famosa sentencia FAL, por lo que nunca debieron haber sido investigados penalmente por este motivo, ya que siempre actuaron de acuerdo con la ley.
Sin embargo, el MPF decidió continuar con su investigación, llegando incluso a ordenar la citación de los imputados para que se les quitara una declaración de instrucción. Finalmente, gracias a la defensa legal y la lucha del movimiento de mujeres, la investigación no se concretó.
El fiscal Ignacio López Bustos, encargado del caso desde la recusación de la exfiscal Adriana Giannoni por parte de los abogados defensores, solicitó el sobreseimiento de los médicos. A este pedido se le sumó Andhes y fue realizado por el abogado de los médicos Pablo Gargiulo.
Fuente Los Primeros TV
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