La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr) encendió una luz de alarma este martes. Los trabajadores del sector carreros piden revisar ley que prohíbe la tracción a sangre en Tucumán. A través de un comunicado, la organización advirtió que la reglamentación de la norma, tal como la exige la oposición, podría dejarlos sin su única fuente de ingresos y profundizar la exclusión social de numerosas familias.
El conflicto se reactivó luego de que los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo Toscano presentaran un proyecto instando al Gobierno a reglamentar la Ley N° 9.810, sancionada en abril de 2024. Los parlamentarios argumentaron que la falta de aplicación vulnera principios constitucionales y permite el maltrato animal. Sin embargo, desde la Faccyr rechazaron que la medida se transforme en una herramienta punitiva con decomisos y multas.
La organización manifestó su acuerdo con avanzar hacia nuevas formas de movilidad que eliminen el uso de animales, pero exigió que el proceso se realice mediante una transición justa. Úrsula López, referente local, explicó las dificultades prácticas de las alternativas propuestas. Señaló, por ejemplo, que entregar motocarros no sirve si los beneficiarios no saben leer ni escribir para obtener el carnet de manejo.
López estimó que en San Miguel de Tucumán existen alrededor de 250 carreros, aunque cifras previas elevaron el número a 1.500 en toda la provincia. La dirigente denunció que muchos trabajadores ya no salen a recolectar por miedo a la persecución. Finalmente, no descartaron profundizar las protestas si se avanza con la prohibición sin contemplar una solución integral para el sector.
