Hace uno días una mamá publicó con desesperación en medios de información una denuncia. Su vecino condenado por violación había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria por ser paciente de riesgo COVID-19, el depravado comenzó a hostigar a su hija de 12 años con palabras obscenas que causaron una reacción fuerte sobre la menor y su integridad. Su familia tuvo que buscar resguardo en el hogar de un familiar, ya que el condenado abusador de otra menor de 14 años la acechaba. Al contar esta madre su penar por distintas dependencias policiales es que la sociedad, en un fuerte respaldo mediático, cuestionó el comportamiento enfermo del violador y la decisión de la justicia por otorgarle tal beneficio en desmedro de la sociedad. Fue tal el repudio que los tucumanos ejercieron reflejados en redes siciales y medios de prensa que la justicia actuó por vergüenza y decidió revocarle la libertad obtenida solicitando reingresar al violador a la cárcel que no debió dejar nunca. Señores jueces, deben aplicar el sentido común de sus propios fallos y garantizar a la sociedad el cumplimiento de la ley que los obliga a resguardar a los ciudadanos de bien de estos depravados que sienten asco por la vida de las personas. De lo contrario será el pueblo que de una manera u otra hará valer sus derechos ante la liviandad de sus conductas jurídicas.
Willy Fanlo

willyucr@gmail.com

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