El legislador Jose Cano recordó que sus iniciativas —una presentada el año anterior (2024) para crear un control civil y otra de este año (2025) para exigir GPS en móviles— son las herramientas justas para combatir la corrupción que expuso el caso Beltrán.
El grave escándalo que involucra al exjefe de la URN, Gustavo Beltrán, ha expuesto una trama de corrupción que va más allá del personal: incluye el uso de recursos públicos para fines privados. El legislador Jose Cano recordó que presentó un paquete de proyectos de transparencia que hubieran detectado y frenado estas irregularidades.
Por un lado, Cano insistió en su proyecto de creación de la Secretaría de Estado de Asuntos Internos, presentado el año anterior (2024). Este organismo propone un control externo y civil para la fuerza. “El caso Beltrán, con la complicidad interna que requirió, es la prueba fáctica que el sistema actual de asuntos internos ha fracasado. No se pueden investigar a sí mismos”, sentenció el legislador.
En paralelo, Cano destacó que el traslado de los detenidos en un “móvil policial” a una obra particular es exactamente el tipo de abuso que su otro proyecto de ley, presentado este año (2025) y que regula el uso de vehículos oficiales, busca erradicar. Esta segunda iniciativa prohíbe explícitamente el uso de vehículos del Estado para fines particulares o familiares (Art. 5).
“Nuestro proyecto de vehículos oficiales (presentado en 2025) obliga a que cada unidad tenga un registro digital y, fundamentalmente, un sistema de geolocalización y posicionamiento (GPS)”, explicó Cano. “El comisario Beltrán pudo falsificar un libro de guardia en papel, pero no se puede falsificar un rastreo satélite. Con esta ley, sabríamos exactamente dónde estuvo ese móvil policial y el traslado a una propiedad privada hubiera sido detectado al instante”.
“Ambos proyectos, el control civil de Asuntos Internos y el control de GPS para los vehículos, son las herramientas concretas para terminar con este tipo de abusos de poder. No podemos permitir que la corrupción y el uso privado de los recursos públicos se normalicen; es hora de implementar controles reales para garantizar la transparencia y recuperar la confianza de la sociedad”, concluyó Cano.
