La asistencia de la ministra Carla Vizzotti a la Cámara de Diputados anteayer permitió que se divulgara información escandalosa. El que más incomodó a la funcionaria fue el radical José Cano. Este odontólogo tucumano le preguntó a Vizzotti, sin obtener una respuesta clara, por algunas peculiaridades del contrato entre el Gobierno y AstraZeneca, el laboratorio que debía proveer las vacunas que fabricaría en el país Mabxience, uno de los laboratorios del Grupo Insud, de Hugo Sigman.
Cano mostró el convenio, según el cual AstraZeneca debía entregar en el primer semestre 22.429.842 dosis de vacunas. El diputado preguntó por qué todavía no se entregó ninguna. Por qué se consideró que el primer semestre comienza en marzo. Para ese mes AstraZeneca debía suministrar 2.382.000 dosis; para abril, 4.040.000; para mayo, 4.040.000; para junio, 3.451.000 y para julio 8.518.000. Las versiones que circulan en el oficialismo afirman que recién aparecerán algunas en mayo.
Cano hizo una revelación inquietante, que nadie desmintió: en noviembre el Estado pagó el 60% del contrato, hasta ahora incumplido. Más raro aún porque cuando se anunció el lanzamiento de esta vacuna, con conmovedores elogios a la industria nacional y a la “articulación público-privado”, se dijo que el sector público no pondría una moneda en la adquisición.
El interrogatorio de Cano se podría completar con un par de datos. Como reveló Hugo Alconada Mon en La Nación el domingo pasado, la encargada de negociar con Pfizer la provisión de vacunas, Sonia Tarragona, es una funcionaria que viene de trabajar en los laboratorios de Sigman. Y, como reveló el lunes Francisco Olivera, Pfizer le ofreció a Alberto Fernández, en diciembre, entre 12 y 14 millones de dosis, dado que la experimentación del producto se haría, en gran medida, en el país. Incógnitas sin respuesta. Misterios de la articulación público-privado
Carlos Pagni
