Tras el fallo judicial de Estados Unidos que habilita el embargo de acciones de YPF, el Gobierno nacional decidió mantener su estrategia de apelaciones y no entregará el 51% de las acciones que posee en la petrolera estatal. La jueza Loretta Preska ordenó transferirlas a los beneficiarios del litigio, encabezado por el fondo Burford Capital.
El caso se originó en 2015, cuando Burford demandó al país por la forma en que se realizó la reestatización de YPF en 2012. Según la acusación, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner violó los derechos de los accionistas minoritarios al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), como exigía el estatuto vigente desde la privatización.
La sentencia inicial, dictada en 2023, impone una indemnización mínima de 16.000 millones de dólares a la Argentina. La nueva resolución judicial agrava el escenario, ya que permite embargar los títulos accionaros del Estado en YPF, valuados hoy en 6.500 millones de dólares. Pero el Gobierno aseguró que esa medida no se puede aplicar sin la aprobación del Congreso, algo considerado inviable por el oficialismo.
La defensa argentina ya apeló el fallo ante la Cámara de Nueva York. Si el revés continúa, recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU. Mientras tanto, insiste en que cualquier acción sobre el paquete accionario viola la soberanía nacional y desconoce la legislación interna que regula el patrimonio estatal.
Burford, una firma con sede en Londres, no es un fondo buitre tradicional. Se especializa en litigar causas de alto valor a cambio de participación en los resultados. En este caso, compró por menos de 30 millones de dólares una parte del juicio vinculado a las empresas Petersen, y luego vendió el 15% por 440 millones en 2017. El resto de los beneficiarios no son públicos.
