El gobierno nacional protagonizó un fuerte reclamo diplomático este lunes. La delegación de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) exigió una intervención inmediata ante el deterioro de la situación en Venezuela. Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte en La Haya, el país solicitó avanzar con órdenes de arresto contra los responsables de crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.
El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, sostuvo que el panorama se agravó tras las elecciones de julio de 2024. El diplomático advirtió sobre las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos que perpetra el gobierno venezolano. En su discurso, planteó que se requieren investigaciones rigurosas y expeditivas para no prolongar el sufrimiento de las víctimas por la falta de resultados.
La postura argentina generó una respuesta inmediata y dura por parte de Caracas. El embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó a Buenos Aires de politizar la conferencia de forma altisonante. Además, calificó al gobierno de Javier Milei como un falso defensor de los derechos humanos y criticó las votaciones recientes de Argentina en la ONU.
En paralelo al cruce diplomático, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas. El tribunal argumentó que no hubo un progreso real en el sistema judicial venezolano para juzgar los crímenes internamente. La investigación internacional, abierta en 2018, abarca presuntos delitos cometidos desde 2017.
