El gobernador Osvaldo Jaldo decidió frenar las designaciones de nuevos jueces en Tucumán, alineándose con el ajuste presupuestario debido a la situación económica del país. En un contexto de recortes y con el envío del proyecto de presupuesto 2025 a la Legislatura, Jaldo subrayó la necesidad de reducir gastos. Para ello, destinará los recursos a áreas prioritarias, afectando al Poder Judicial y limitando la cobertura de vacantes.
Actualmente, Tucumán tiene 70 vacantes en el Poder Judicial. Cada nueva designación implicaría un gasto adicional estimado de $130 millones mensuales, elevándose a $1.600 millones anuales. Para mitigar el impacto, el Ejecutivo avanzará en cubrir cargos esenciales, como los de juzgados de familia. El resto de las designaciones se aplazarán para el próximo año.
La pausa en los nombramientos también responde a tensiones políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estas surgieron tras el veto a un proyecto de ley que equiparaba funciones entre fiscales y auxiliares fiscales, una medida impulsada por la Justicia y avalada por la Legislatura. Jaldo interpretó esta acción como un intento de presión que lo puso en una situación delicada.
A nivel nacional, la situación es similar: existen 283 vacantes en la Justicia Federal, que representan casi el 30% del total de cargos judiciales en el país. La administración de Javier Milei planea enviar al Senado 149 pliegos para cubrir vacantes en diversas jurisdicciones, incluidos tres juzgados del Tribunal Oral Federal de Tucumán. Estos actualmente son cubiertos por jueces de otras provincias.
