El legislador tucumano José Cano expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y cuestionó el recorte presupuestario que afecta al organismo encargado de preservar pruebas clave en causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Según advirtió, la reducción de fondos podría comprometer el funcionamiento técnico del organismo y afectar la conservación de evidencias acumuladas durante más de cuatro décadas.
Un organismo clave para la memoria y la Justicia
Cano remarcó el rol histórico e institucional que cumple el Banco Nacional de Datos Genéticos dentro del sistema judicial argentino.
El organismo fue creado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, tras un pedido impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, y desde entonces se convirtió en una herramienta fundamental para la identificación de personas y la restitución de identidad en causas relacionadas con la última dictadura militar.
A lo largo de los años, su trabajo permitió colaborar en la recuperación de numerosos nietos apropiados y aportar pruebas determinantes en investigaciones judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
La advertencia por el presupuesto 2026
El referente radical sostuvo que la situación financiera del organismo se agravó durante este año y apuntó directamente contra el presupuesto previsto para 2026.
Según explicó, los fondos aprobados representarían apenas el 55,96% de los recursos que el organismo necesita para funcionar con normalidad.
En ese contexto, Cano advirtió que la falta de financiamiento podría afectar procesos técnicos sensibles vinculados a la preservación y validación de pruebas genéticas utilizadas en expedientes judiciales.
“Ponen en riesgo más de 40 años de pruebas”
Durante sus declaraciones, el legislador aseguró que el ajuste económico compromete evidencias consideradas irremplazables dentro de distintas investigaciones federales.
“Con esta asfixia económica están comprometiendo la cadena de custodia y poniendo en riesgo la validez técnica y judicial de pruebas genéticas que llevan más de 40 años acumuladas”, expresó Cano.
La situación generó preocupación en distintos sectores vinculados a los derechos humanos y volvió a instalar el debate sobre el financiamiento de organismos técnicos y científicos del Estado.
El impacto institucional del conflicto
Por último, Cano sostuvo que limitar las funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos podría traer consecuencias judiciales e institucionales para el país.
En ese sentido, recordó que el organismo actúa como perito oficial en causas que actualmente tramitan en la Justicia Federal y remarcó la importancia de garantizar su continuidad operativa.
“No podemos mirar para otro lado mientras se intenta paralizar una institución que actúa como perito oficial”, afirmó.
Además, advirtió que una eventual paralización podría derivar en incumplimientos de compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y acceso a la verdad.
