La justicia federal dio un golpe fuerte contra la corrupción este lunes. El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo en el marco de la Causa Andis. El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad está acusado de liderar una asociación ilícita. Además, enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La medida judicial alcanza también a otras 18 personas involucradas en la maniobra.
Un esquema de retornos millonarios
El fallo del magistrado es contundente. Casanello describió la existencia de un “entramado de corrupción institucional”. Según la investigación, funcionarios estatales y operadores privados actuaron de forma coordinada. El objetivo de esta organización era obtener ganancias millonarias de manera ilegal. El mecanismo principal consistía en la adjudicación indebida de contrataciones públicas, específicamente en la compra de medicamentos.
Cómo funcionaba la estafa
La Causa Andis reveló un modus operandi sistemático. La agencia compraba medicamentos a droguerías específicas con sobreprecios notables. A cambio, los proveedores pagaban un “sistema de retornos” o coimas que beneficiaba a los directivos del organismo. El juez remarcó que la actividad delictiva perjudicó directamente a las arcas del Estado. Lo más grave es que el dinero desviado debía destinarse a la población más vulnerable: las personas con discapacidad.
La agencia como botín
Casanello fue tajante en su resolución escrita. El juez señaló que la Andis fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”. La estructura criminal no actuaba de forma aislada, sino que operaba desde dentro de la institución. La causa se originó el año pasado tras la filtración de audios comprometedores. Aunque la defensa intentó alegar que las grabaciones eran un montaje con Inteligencia Artificial, la justicia encontró pruebas suficientes para avanzar.
Próximos pasos judiciales
El proceso no termina aquí. Además de los procesamientos, el juzgado ordenó nuevas declaraciones indagatorias. Los investigadores buscan profundizar en la responsabilidad de cada uno de los implicados. La justicia federal quiere determinar el alcance total de este desfalco que sacude a la administración pública.
