Una investigación periodística sacudió los cimientos de la dirigencia del fútbol nacional este lunes. Un informe reveló un entramado de movimientos irregulares con los fondos de la AFA en el exterior. Los documentos expusieron que la entidad transfirió al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades registradas en el estado de Florida, Estados Unidos. Estas compañías, identificadas como Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt, carecían de empleados y de actividad comercial declarada. El hallazgo generó sospechas inmediatas sobre el destino real del dinero recaudado por la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.
Los beneficiarios y las dudas
El punto más alarmante de la investigación se centró en los titulares de estas firmas extranjeras. Los dueños de las empresas receptoras resultaron ser personas con domicilio en Bariloche y perfiles económicos inconsistentes con las sumas millonarias que manejaron. Entre los beneficiarios figuraban empleados de farmacia, beneficiarios de planes de vivienda social y ciudadanos con deudas en el sistema financiero argentino. Además, las direcciones fiscales en Miami correspondían a oficinas virtuales de alquiler temporal, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de sociedades pantalla.
La estructura mayor
La operatoria funcionó bajo el paraguas de una firma principal llamada TourProdEnter LLC. Esta empresa actuó como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino en el extranjero desde 2021. La compañía recaudó ingresos por sponsors y derechos televisivos que superaron los 260 millones de dólares en cuatro años. Parte de ese flujo de dinero se derivó luego a las mencionadas sociedades sin estructura real. Los balances oficiales de la institución no reflejaron con claridad estos movimientos ni identificaron a los actores involucrados en la cadena de pagos.
El frente judicial
El escándalo financiero internacional coincidió con avances en los tribunales locales. La Justicia argentina citó a declarar este lunes a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos fueron señalados como presuntos testaferros de la dirigencia en una causa por lavado de activos vinculada a una mansión en Pilar. Los investigadores levantaron el secreto fiscal de los acusados y constataron que no poseían capacidad contributiva para justificar sus bienes. Esta situación judicial sumó presión sobre el manejo de los fondos de la AFA y la transparencia de su administración actual.
