La investigación judicial sumó elementos contundentes que complicaron a los policías acusados de extorsión en Famaillá. El expediente incorporó videos, audios y capturas de pantalla que reforzaron la denuncia contra el jefe de la comisaría local y otros efectivos. La causa se originó por un operativo irregular donde presuntamente exigieron dinero a una familia.
Una parte sustancial de la prueba provino de la propia víctima. La mujer aportó 16 videos, 10 capturas de pantalla y audios. Entre el material, se destacó la filmación de un vecino que registró discretamente el momento en que la denunciante entregaba una suma de dinero al comisario en la vía pública. También se presentaron grabaciones donde una abogada daba indicaciones sobre los pagos.
Los registros oficiales revelaron graves inconsistencias. La policía justificó el allanamiento inicial alegando la búsqueda de un sospechoso de hurto alias “Pañal”. Sin embargo, el libro de guardia y el legajo demostraron que esa persona fue detenida ese mismo día en otro domicilio y horas antes de que los efectivos irrumpieran ilegalmente en la casa de la denunciante.
Durante el allanamiento posterior a la vivienda del comisario en Concepción, la Justicia secuestró casi 9 millones de pesos en efectivo ($8.783.000), además de múltiples dispositivos electrónicos que ahora son peritados. Sin embargo, no lograron hallar la pistola registrada que la víctima denunció como robada durante el operativo policial. El juez Mario Velázquez avaló la investigación, aunque advirtió sobre la delegación de firmas en auxiliares fiscales.
