El estremecedor caso de la alumna apuñalada en Alderetes, Tucumán, reavivó el debate nacional sobre cómo enfrentar la violencia en las escuelas. En este contexto, las provincias de Mendoza y Santa Fe avanzaron con iniciativas legislativas para aplicar multas a padres por bullying. La propuesta buscó sancionar económicamente a los tutores de los menores agresores cuando fallen otras instancias de corrección.
La Legislatura de Mendoza aprobó recientemente una normativa que modificó el Código Contravencional. El sistema estableció un esquema progresivo de intervención. Primero se agotan las instancias de diálogo, talleres y tareas comunitarias. Sin embargo, si el acoso persiste, la ley habilitó multas económicas para los padres de los reincidentes, que pueden alcanzar hasta 1,5 millones de pesos.
Por su parte, en Santa Fe se presentaron proyectos con una lógica similar. La diputada Beatriz Brouwer impulsó la incorporación de estas sanciones en el Código de Faltas provincial. La iniciativa surgió tras el reclamo de familias de víctimas, como el caso de un alumno golpeado en Funes. Aunque la propuesta santafesina no definió cifras concretas, replicó el modelo de agotar primero el acompañamiento y el trabajo comunitario.
El impulso de estas leyes punitivas respondió a una escalada de violencia escolar. En Mendoza, el debate se aceleró luego de que una adolescente llevara un arma a una escuela de La Paz y efectuara disparos. La joven sufría burlas por su apariencia. Estos episodios, sumados al ataque en Tucumán, pusieron en el centro de la discusión la responsabilidad de los adultos frente al acoso entre menores.
