La Justicia de Tucumán imputó a dos mujeres acusadas de montar una red de certificados falsos y venta de documentación apócrifa. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, reveló que la organización operaba desde febrero. Según la pesquisa, la banda inundó escuelas, centros de salud y oficinas públicas con documentos adulterados.
Los funcionarios judiciales reconstruyeron el modus operandi del grupo. Confeccionaban sellos falsos a nombre de médicos, dentistas y técnicos. También falsificaban sellos de organismos estatales como el Ministerio de Educación, el Siprosa y Anses. Con estos elementos, emitían certificados, aptos físicos y formularios que luego ofrecían a través de las redes sociales.
Las sospechas comenzaron cuando varios profesionales de la salud detectaron documentos con sus nombres pero con datos erróneos o firmas que no les correspondían. Esto derivó en una serie de allanamientos. En el barrio San Miguel, la Policía secuestró 25 sellos y certificados listos para la venta. Allí detuvieron a la primera sospechosa, acusada de realizar una actividad sistemática de falsificación.
Posteriormente, un operativo en el barrio San Francisco permitió identificar a otra implicada, a quien le incautaron cinco sellos truchos. Los investigadores perfilaron la maniobra como una fábrica de certificados destinada a trámites educativos y laborales. Además de las dos imputadas, identificaron a otras cinco personas que habrían participado del esquema delictivo.
