Un grave escándalo por una falsa médica en el Hospital Padilla salió a la luz este lunes. El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó formalmente a una mujer. La acusan de haber montado una maniobra planificada para simular ser profesional de la salud. De esta manera, accedió a un cargo público y atendió pacientes con documentos falsificados.
La audiencia de imputación
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia, requirió la audiencia. Este lunes, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás describió la maniobra. Sostuvo que la imputada presentó una serie de constancias universitarias, certificados de estudios, legalizaciones, títulos y una matrícula sanitaria falsificada. Todos los documentos tenían firmas y sellos apócrifos.
Gracias a esta documentación falsificada, la mujer logró su objetivo. Primero, rindió el examen del sistema de residencias el 1 de julio. Luego, aprobó las evaluaciones y la designaron oficialmente mediante una resolución administrativa el 29 de agosto.
Un mes de atención en Oftalmología
La imputada ingresó formalmente a la residencia de Oftalmología del Hospital Ángel C. Padilla el 8 de septiembre. El hospital está ubicado en calle Juan Bautista Alberdi al 500. Allí desempeñó funciones durante casi un mes.
“Atendió pacientes, realizó exámenes y firmó documentación sanitaria utilizando una matrícula que no le pertenecía”, afirmó Briz Tomás. La fiscalía detalló que manejó instrumental especializado. Además, confeccionó recetas y solicitudes de medicamentos. La maniobra, según el MPF, “afectó a instituciones educativas, sanitarias y, de manera directa, a la fe pública”.
El caso de la falsa médica en el Hospital Padilla se descubrió cuando las autoridades sanitarias detectaron inconsistencias en la documentación presentada. Tras la verificación, dieron intervención inmediata al Ministerio Fiscal.
La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos. Los cargos son usurpación de título, tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documentación falsificada. El MPF solicitó medidas cautelares de menor intensidad por seis meses. Sin embargo, sumó una caución real de tres millones de pesos.
