El legislador José Cano calificó la imposición de un “bozal legal” contra periodistas y medios por parte de la Justicia provincial como “un acto de censura y un grave retroceso para la libertad de prensa en Tucumán”. A este fuerte repudio se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió que la medida es “censura previa”.
En una serie de comunicados, FOPEA sostuvo que la decisión judicial “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”. La organización recordó que la jurisprudencia nacional e internacional es clara al indicar que “el honor, la intimidad y otros derechos de un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva”, sino remedios reparatorios posteriores.
El foro remarcó que este principio se aplica “mucho más cuando se trata de información vinculada a funcionarios públicos”. Insistieron en que los “magistrados se encuentran sujetos al escrutinio social”, un derecho protegido por la libertad de expresión.
FOPEA sostuvo que, si bien las acusaciones publicadas pueden ser “severas”, “no pueden prohibirse ese tipo de difusión”. Por este motivo, el foro exigió la “inmediata restitución de los derechos constitucionales a la libertad de prensa y de expresión”, que consideraron “claramente vulnerados” por la decisión judicial en Tucumán.
