En medio del escándalo por la filtración de audios que involucran a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno de Javier Milei decidió cambiar de estrategia. Analiza presentar una denuncia por espionaje ilegal. Considera que las grabaciones buscan perjudicarlo políticamente y que forman parte de una maniobra coordinada por sectores opositores.
La decisión surgió tras una reunión entre los principales referentes del oficialismo, realizada el viernes por la noche en Casa Rosada. En ese encuentro, acordaron que los audios, presuntamente vinculados a Diego Spagnuolo y en los que se escucharía la voz de Karina Milei, deben enmarcarse como parte de una “gran operación opositora”. El oficialismo sostiene que se trata de un intento por dañar la imagen presidencial en un momento clave.
“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, dice uno de los audios publicados por el periodista Mauro Federico. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó la denuncia del Gobierno. Asegura que el caso empezó con los audios de Spagnuolo, que se difundieron en redes sociales y medios digitales. Según explicó, eso ocurrió justo antes del debate en el Congreso sobre la ley de emergencia en discapacidad.
Francos vinculó la filtración a un discurso del diputado Leandro Santoro, que denunció el tema públicamente, y a la posterior presentación judicial realizada por el abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández. Para el Gobierno, esa secuencia demuestra que la operación estaba armada.
Por otro lado, Martín Magram, abogado de los hermanos Kovalivker, cuestionó el procedimiento judicial. Afirmó que el allanamiento a Suizo Argentina afectó el suministro de medicamentos. También pidió anular los audios incorporados a la causa, al considerar que no cumplen con los requisitos legales para ser prueba válida. Mientras tanto, el oficialismo prepara una contraofensiva para frenar el impacto político del escándalo.
