Este martes vence el plazo para que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López depositen en una cuenta especial del Banco Nación los fondos que la Justicia ordenó devolver al Estado. Hasta ahora, no se registraron pagos.
Si no cumplen, el tribunal podrá avanzar con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una acordada reciente de la Corte Suprema propone una alternativa: destinar algunos inmuebles a uso institucional para el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura.
La resolución habilita transformar propiedades en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para programas públicos, en lugar de venderlas de inmediato. También permite ceder temporalmente esos bienes a provincias, municipios o ONG para proyectos de educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o apoyo a personas vulnerables.
En el caso de la ex presidenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron dos departamentos en el Madero Center de Buenos Aires y otras 24 propiedades en la Patagonia como bienes embargables. Parte de esos inmuebles están cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y embargados en la causa Hotesur-Los Sauces, lo que genera un conflicto legal. Los fiscales sostienen que la Causa Vialidad tiene prioridad, ya que la sentencia se dictó antes.
El fallo de diciembre de 2022 determinó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se direccionaron de manera fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, provocando un perjuicio millonario al Estado.
