El gobierno nacional ya suspendió más de 80 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en todo el país, tras una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El operativo reveló que el 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria. Según estimaciones oficiales, el ahorro ya supera los 23 mil millones de pesos mensuales.
La auditoría, a cargo del titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, apunta a revisar el universo de más de un millón de personas que cobran esta asistencia. Hasta ahora, se suspendieron beneficios por falta de documentación, fallecimientos no informados y renuncias voluntarias para evitar sanciones. Además, el nuevo régimen endureció los controles y estableció un cuerpo médico evaluador para revalidar cada caso.
Entre las irregularidades detectadas, se destacan situaciones llamativas: presos que seguían cobrando la pensión, prófugos beneficiados y documentación médica falsificada. También se denunciaron casos otorgados en actos políticos y diagnósticos sin sustento médico. El gobierno sostiene que el sistema fue manipulado durante gestiones anteriores para fines clientelares.
La nueva normativa —Decreto 842/2024— impone una reinscripción obligatoria con declaración jurada y nueva evaluación médica, y permite a la ANDIS suspender beneficios de forma cautelar ante sospechas. Además, se cruzan datos en tiempo real con organismos como ANSES, PAMI, AFIP y el Ministerio de Justicia.
Desde la Casa Rosada anticipan que las bajas podrían superar los 250 mil casos. “No se le quitará el beneficio a quien verdaderamente lo necesita, pero se terminaron los abusos”, aseguró Spagnuolo. El impacto de esta política es nacional, pero también podría repercutir en provincias como Tucumán, donde se registraron numerosos casos bajo análisis.
