El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos beneficiarios de una demanda internacional. La presentación se realizó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, incluso antes de que se resuelva el pedido de suspensión del fallo (“stay”) que pidió la defensa argentina.
El caso se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó YPF. La falta de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), según el estatuto de la empresa, generó una demanda millonaria. En 2023, la Justicia condenó al país a pagar U$S 16.000 millones, en favor de Burford Capital, fondo que compró los derechos de litigio de Petersen Energía y Eton Park.
Desde el entorno del presidente Javier Milei reiteraron que este conflicto es heredado. Aseguraron que agotarán todas las vías legales para defender el patrimonio nacional. A diferencia de gestiones anteriores, no aceptarán lo que consideran un manejo irresponsable de activos estratégicos.
La decisión de apelar sin esperar la resolución del “stay” sorprendió a algunos analistas. El especialista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, señaló que aunque no es ilegal, lo habitual sería aguardar la decisión de la jueza. El Gobierno optó por una estrategia anticipada, ante la posibilidad de un fallo en contra.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene contactos con funcionarios de Estados Unidos para buscar apoyo político y diplomático. Temen que un posible desacato judicial genere trabas en los mercados financieros.
El Gobierno reafirmó que no cederá ante lo que considera un “litigio oportunista”, promovido por fondos especializados en juicios contra Estados. Mientras tanto, Burford Capital continúa buscando activos para presionar por una negociación.
El caso YPF se transformó en un símbolo del uso político de empresas estatales. Hoy representa un pasivo millonario para el Estado argentino. La gestión actual busca revertir sus consecuencias legales y económicas, distanciándose del proceso de estatización encabezado por Axel Kicillof, exministro de Economía.
