En un contexto de ajuste y austeridad, la Legislatura decidió no renovar la ley que autorizaba al Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD) a realizar compras directas de bienes y servicios. Tras seis años de vigencia, la normativa no obtuvo dictamen en la comisión de Hacienda y Presupuesto, y vencerá el 31 de diciembre.
La comisión de Hacienda, encabezada por Carlos Gallia, no dictaminó la iniciativa para prorrogar la ley, que se encontraba vigente desde enero de 2019. La normativa original, aprobada por la Ley 9.152, tenía un plazo inicial de 18 meses, pero fue extendida repetidamente hasta alcanzar casi seis años.
El MPD, dirigido por Washington Navarro Dávila, justificó la necesidad de la norma alegando la urgencia en casos judiciales vinculados a violencia intrafamiliar, adicciones y la ley de narcomenudeo. Además, el presupuesto del organismo para 2025 asciende a $48.299 millones, un 169% más que en el año en curso, con una planta de 2.024 empleados.
La decisión de no renovar la ley responde a una tendencia general de reducción de gastos públicos. Desde el oficialismo, se argumentó que “no hay plata” y que los gastos del MPD no habrían sido precisamente austeros. Un antecedente notable fue una contratación directa en julio de 2023 por 3 millones de dólares para la adquisición de equipos tecnológicos destinados a un datacenter.
Con la no renovación de la norma, a partir de 2025, el Ministerio Pupilar y de la Defensa deberá ajustarse a los mecanismos regulares de contratación establecidos por el Estado provincial.
