Aunque el antiguo sistema procesal penal no termina de morir y el nuevo no termina de nacer, como proclamó el vocal Enrique Pedicone este jueves, la oralidad demostró su potencial para sacudir las instituciones.
Una audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción para debatir sobre la prisión preventiva de un supuesto abusador sexual fue el escenario de esa demostración.
Ocurre que, antes de entrar al debate que convocaba a las partes, Pedicone apartó a la auxiliar de fiscal María Azucena Sierra de Peñalba que el ministro público fiscal Edmundo Jiménez había nombrado en ese cargo en forma discrecional.
Subsanado el escollo con la incorporación del fiscal Diego López Ávila (N°4), la audiencia finalizó con la liberación del imputado Jorge Luis Lencina, que no podrá acercarse a la víctima ni a sus familiares, amén de cumplir otras medidas precautorias.
Pedido del defensor
El apartamiento de Sierra de Peñalba (que presenció la audiencia al lado de López Ávila) había sido solicitado por el defensor Cergio Morfil.
El abogado particular planteó que había una “subversión de cuestiones constitucionales” y advirtió el empleo de “mecanismos vapuleados”. “Aquí todos tenemos que estar en regla”, definió.
A su turno, Sierra de Peñalba explicó que cumplía la función de auxiliar de fiscal desde octubre de 2018. “Fui impuesta por el ministro público fiscal y presté juramento ante él”, añadió.
La funcionaria informó que el titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, estaba enfermo y que recién se reintegraría el martes. La auxiliar de fiscal luego intentó defender la legitimidad de su nombramiento.
“Hay una ley que avala la resolución del ministro público”, protestó. Pedicone le preguntó: “¿cuál es?”. Sierra de Peñalba respondió: “no la recuerdo. Está en la designación”.
Aún con avales
Pese a que la representante de la Defensoría de Menores, Ana Ricco Falú, y a que el letrado de la querella, Patricio Char, avalaron a la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, el camarista la dejó afuera del acto como había pedido Morfil -con la aclaración de que ello no iba en desmedro de su honorabilidad- y dio 15 minutos a Jiménez para que enviara un sustituto nombrado por el sistema constitucional.
En ese lapso, Tomás Robert, relator del ministro público se acercó a hablar con Pedicone en la oficina en la que este aguardaba una respuesta.
Al parecer, al principio no había fiscales en propiedad en condiciones de asistir a la audiencia: la ausencia de un reemplazante con las calidades exigidas podría haber derivado en la interpretación de que la acusación desistía de la pretensión de que Lencina, que ya lleva cinco meses encerrado, estuviese en prisión medio año más mientras tiene lugar la investigación del posible abuso de su hija con trastornos de desarrollo que se le atribuye.
La aparición de López Ávila, fiscal de ese proceso, posibilitó que el acto continuara.
Antecedente
El revés infligido al auxiliar de fiscal dejó a la vista -una vez más- el problema de la escasez de jueces y de fiscales constitucionales, y los reparos que generan los sustitutos escogidos sin concurso y con arreglo a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que en febrero de 2017 separó a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, y consagró su autonomía.
La incorporación del “representante del fiscal” trascendió en agosto, cuando Jiménez designó a la funcionaria Luz Becerra como una especie de mandataria de Carlos Sale, titular de la Fiscalía ante la Cámara Penal N°1, para intervenir en los juicios asignados a la Sala III de esta capital.
FUENTE: Los primeros
