El “Acuerdo Fiscal Municipal” se comenzará a aplicar desde el primer día de febrero, se encargó de especificar el propio gobernador Osvaldo Jaldo, este acuerdo es la nueva versión del antes llamado Pacto Social entre el gobierno provincial de Tucumán y los municipios.
Es un nuevo esquema de asistencia a las municipalidades del interior, que a diferencia de los mecanismos anteriores, se centrará en la ayuda financiera para solventar lo demandado por la planilla salarial de cada jurisdicción y dejando afuera las obras públicas, actividades culturales y deportivas.
“En el marco de crisis que vivimos y con las pautas de austeridad que hemos dado a conocer desde el primer día que asumimos, ahora le decimos a los intendentes que deben hacer un mayor esfuerzo recaudatorio y bajar los gastos para llegar a la autonomía”, sostuvo Jaldo.
El mandatario espera que en los próximos 6 meses, cada intendente exponga ante la Casa de Gobierno sus iniciativas para recortar los gastos y mejorar los ingresos.
El Pacto Social surgió el 12 de enero del año 2000, cuando el entonces gobernador Julio Miranda con su ministro de Economía, José Alperovich, firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, mediante el cual el Poder Ejecutivo se comprometía a enviar a los municipios los dineros necesarios para asegurar el pago de los sueldos a los empleados municipales.
Según informaron, la premisa durante la administración de Jaldo se mantendrá, pero con algunas condiciones que están siendo estudiadas por los ministros del Interior, Darío Monteros, y de Economía y Producción, Daniel Abad. Ambos encabezarán una serie de encuentros para dotar de un marco jurídico y financiero al nuevo acuerdo fiscal municipal.
Uno de los puntos principales y que genera cierta inquietud es el pago de la histórica deuda de las intendencias, que en la actualidad, roza los $ 100.000 millones.
Una de las alternativas que se analiza es refinanciar esos pasivos de las Municipalidades del interior a 20 años, con uno de gracia, tal como hizo el ex gobernador Juan Manzur con la intendencia capitalina durante la administración del líder del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro.
Para que eso sea viable, el Poder Ejecutivo deberá conformar una comisión de estudio que determine el monto de las obligaciones contraídas por las intendencias, integrado en principio por un representante de la Secretaría de Hacienda de la Provincia, otro de la Secretaría de Municipios y Comunas Rurales y también por cada secretario de Hacienda de las municipalidades en mora.
